Avances de la Generación Distribuida en Argentina

A pesar de la coyuntura ligada a variables económicas desfavorables, la generación distribuida a partir de fuentes renovables avanza de forma constante en el país. Presentamos los aspectos técnicos destacados para la reglamentación de la ley que impulsa verdaderos cambios en la matriz energética futura.

A partir del Decreto Reglamentario para la puesta en práctica de la Ley 27.424, presentada por Maximiliano Morrone, Director Nacional de Promoción de las Energías Renovables al Subsecretario del área, Sebastián Kind, y al muy buen análisis de sus artículos realizado por los colegas de la publicación Energía Estratégica, presentamos un resumen de los puntos más destacados que este decreto especifica respecto a los alcances de la reglamentación de la Ley Nacional de Generación Distribuida mediante Energías Limpias.

Nos centraremos en los siguientes aspectos: 1) condiciones jurídicas y contractuales tanto de los usuarios/productores (prosumidores) como de los prestadores del servicio público de distribución; 2) Esquema de facturación; 3) Sistema de incentivos para instalaciones y fabricación de equipos nacionales.

1. Políticas y condiciones para la generación por parte de los usuarios y obligaciones de las distribuidoras

Le ley establece la obligación de que los prestadores del servicio público de distribución deben facilitar la inyección de excedentes de energía, asegurando el libre acceso a la red. Además, según el decreto, los prestadores del servicio público de distribución deben comprar la energía inyectada. Y declara de interés nacional la generación distribuida a partir de fuentes renovables.

Del mismo modo, los usuarios de la red de distribución solo podrán instalar equipamiento para la generación distribuida de fuentes renovables hasta una potencia equivalente a la que tienen contratada con el distribuidor. Y solo podrán solicitar un aumento de la potencia cuando deseen conectar equipos de generación distribuida por una potencia mayor a la que tienen contratada.

Asimismo, el decreto establece que la encargada de fijar los requisitos técnicos que deberán cumplir los usuarios-generadores, será la Autoridad de Aplicación. Esta podrá determinar las categorías de los prosumidores para establecer los requerimientos acordes a cada caso, teniendo en cuenta parámetros técnicos, de tipo de usuario y la potencia contratada.

Autorización de conexión

La autorización será solicitada por el usuario-generador al distribuidor. Y dicha autorización deberá seguir los procedimientos y requisitos que la Autoridad de Aplicación establezca para tal fin -un análisis de viabilidad de conexión, verificación de la instalación realizada, la celebración del contrato, la instalación del equipo de medición bidireccional y conexión a la red de distribución-.

2. Esquema de facturación

Según la ley, el distribuidor efectuará el cálculo de compensación y la administración por la remuneración de la energía inyectada a la red. Además, se fijará la tarifa de inyección y la modalidad en que deberá ser reflejada en la facturación.

Por su parte, el decreto especifica que la lectura por la inyección se realizará conjuntamente con la lectura de demanda de energía. Y, para aquellos usuarios cuyas tarifas sean discriminadas por segmentos horarios, se determina que el mecanismo para el reconocimiento y pago de la inyección se efectuará de forma idéntica.

EL CRÉDITO A FAVOR QUE SE GENERE POR APLICACIÓN DEL SISTEMA
COMPENSATORIO
ESTABLECIDO, SERÁ IMPUTADO
AUTOMÁTICAMENTE EN LA
FACTURACIÓN DEL PERIODO SIGUIENTE.

Por otro lado, se eximirá de impuesto a las ganancias e impuesto de valor agregado (IVA) a la inyección de excedentes por parte de los usuarios-generadores, solo en los casos en los que cuenten con hasta 300 kW de potencia contratada. Dichas exenciones correrán a partir de la fecha de conexión del medidor bidireccional y la AFIP será la encargada de dictar las normas para cumplir lo dispuesto.

Funciones y atribuciones de la Autoridad de Aplicación

El decreto reglamentario determina que la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Energía de la Nación, y que podrá delegar el ejercicio de sus competencias a una dependencia de rango no inferior a Subsecretaría. Además, las normas técnicas que establezca, regirán en todo el territorio nacional y las disposiciones jurisdiccionales no podrán alterar el Sistema de Interconectado Nacional ni el Mercado Eléctrico Mayorista.

3. Sistema de incentivos: fondo fiduciario público

Será denominado Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), y tiene como objeto aplicar los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, realización de aportes de capital y otros instrumentos financieros, todos ellos destinados a la implementación de generación distribuida de fuentes renovables.
Para el primer año de entrada en vigencia de la ley, se van a destinar 500 millones de pesos al fondo. A partir del segundo año, “el cupo total de asignación presupuestaria deberá incluir los montos que fueran otorgados en el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos aprobados y en ejecución”. Estos recursos se podrán depositar en distintas cuentas fiduciarias que se abrirán conforme los objetivos a cumplir.

Además, antes del 30 de junio de cada año, la Autoridad de Aplicación deberá comunicarle al Ministerio de Hacienda los recursos estimados a destinar para el año siguiente al FODIS. Para el cálculo de los montos necesarios, se va a utilizar la información de incorporación de generación distribuida y su correspondiente ahorro en combustibles fósiles.

Por otro lado, los beneficios podrán ser otorgados directa o indirectamente a los Beneficiarios FODIS. Además, se podrán otorgar garantías o avales a favor de los beneficiarios o a terceros, tales como proveedores de equipamiento, de servicios, de capital o financiamiento, y empresas de instalación de equipamiento de generación de energía de fuentes renovables.
Pueden concederse préstamos y financiamiento por las modalidades admitidas por la legislación aplicable, como adquisición de títulos, bonos, obligaciones negociables, certificados de deuda o participación en fideicomisos, entre otros.

Los beneficiarios serán las personas naturales con domicilio en Argentina y las jurídicas registradas en el país. Ellos podrán acceder a los beneficios promocionales siempre y cuando se verifiquen las condiciones técnicas, de seguridad y certificación de equipos que establezca la Autoridad de Aplicación.

Beneficios promocionales

Estos podrán ser entregados como modalidad de fomento del régimen, y se encontrarán sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y sus reglamentaciones por parte de los solicitantes. Serán establecidos en función de la potencia a instalar.

Asimismo, se prevé la posibilidad de instrumentar como beneficio promocional un certificado de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, el IVA, impuesto internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos). Estos serán nominativos e intransferibles, y se establece un cupo fiscal de 200 millones de pesos para ser asignado.
El certificado de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros o de su actuación como agentes de retención o percepción. Tampoco se permite su uso para cancelar gravámenes con destino al financiamiento de fondos con afectación específica ni deudas correspondientes al Sistema de Seguridad Social.

También habrá un beneficio diferencial por adquisición de equipamiento de fabricación nacional, siempre que cumplan con los requisitos de integración de valor agregado nacional que establezca la reglamentación. El monto será determinado tomando como base el porcentaje de valor agregado nacional y será como mínimo un veinte por ciento superior a lo establecido mediante el régimen general.

Las normas tendientes para definir los requisitos de integración de valor agregado nacional, el listado y registro de equipos y partes homologados que cumplan con dichos requisitos, van a ser dictadas por la Autoridad de Aplicación en conjunto con el Ministerio de Producción.

Los beneficios promocionales podrán otorgarse durante doce años a contar a partir de la reglamentación, prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo Nacional.

Cabe resaltar que se excluyen del régimen de promoción a las personas que se encuentren en situaciones de quiebra, querellados o denunciados penalmente por la AFIP o la ex Secretaría de Hacienda; denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias o la de terceros; las personas jurídicas en las que sus socios, administradores, directores o quienes ocupen cargos equivalentes hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros.

Régimen de fomento de la industria nacional

El Ministerio de Producción determinará los criterios, procedimientos y normas complementarias para la solicitud y aplicación a los incentivos y beneficios que integren el régimen de fomento de la industria nacional para la fabricación de sistemas, equipos e insumos para la generación distribuida a partir de fuentes renovables (FANSIGED).

EL FODIS ESTARÁ CONSTITUIDO POR UNA SERIE DE BIENES
FIDEICOMITIDOS, DENTRO DE LOS QUE SE INCLUYEN AQUELLOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO
NACIONAL.

Las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la República Argentina podrán adherir al régimen de fomento de la industria nacional, excluyendo expresamente a las medianas empresas tramo dos según la ley 25.300 y sus modificatorias; y las personas jurídicas cuyo capital social, en proporción superior al veinticinco por ciento, sea de titularidad de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera.

Quienes deseen adherir al FANSIGED deberán contar con el Certificado PyME obtenido de acuerdo con los procedimientos previstos por la autoridad competente.

Para los beneficios de fomentos de la industria nacional se asignará un cupo fiscal de 200 millones de pesos, y será el Ministerio de Producción quien fijará los requisitos y procedimientos para la asignación del cupo mediante certificados de crédito fiscal.

Los beneficios serán otorgados bajo aprobación de estándares de seguridad y calidad establecidos en la ley y que el incumplimiento de dicha condición dará lugar a pérdida del beneficio y restitución del mismo.

Más información: www.energiaestratégica.com

 

Ver tambien:

Hacia la eficiencia energética y el uso racional de la energía

De la biomasa a la bioenergía y su desarrollo industrial